El Gobierno Provincial lleva a pleno una moción e insta al Gobierno de España a tener un diálogo con el sector turístico
La Diputación Provincial de Castellón exigirá al Gobierno de España una modificación de la regulación del nuevo Registro de Viajeros.
El pleno ordinario de mayo, incluye una moción presentada por el Gobierno Provincial que insta al gobierno de España a abrir un proceso de diálogo con el sector turístico para cambiar el nuevo registro, enmarcado en el Real Decreto 933/2021, y que entró en vigor el 2 de diciembre de 2024, y que afecta al registro de viajeros en el hospedaje y el alquiler de vehículos a motor.
Marta Barrachina, presidenta del Gobierno Provincial ha expresado que la modificación es necesaria porque solamente “ha causado malestar en el sector turístico de la provincia de Castellón”. La dirigente provincial ha lamentado la falta de “atención, flexibilidad y racionalidad” demostrada por el Gobierno Central con el primer sector productivo contribuyente al PIB español y ha apuntado que la nueva norma “no solo supone un golpe brutal a la competitividad del sector, sino que pone en riesgo la actividad turística”.
La puesta en marcha del registro de viajeros puede acabar desviando el tráfico turístico hacia otros destinos competidores, lo que podría afectar a la posición de liderazgo de España en el turismo europeo y a la llegada de turistas a la provincia de Castellón. Además, la presidenta de la Diputación de Castellón, advierte que la nueva norma sobre el registro documental e información de las personas físicas o jurídicas tiene “un impacto extremadamente negativo en la realidad operativa y funcional de las empresas turísticas, así como en materia de afectación a los derechos fundamentales de viajeros y consumidores, relacionados con la protección de datos y la privacidad”.
El Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, genera “inseguridad jurídica e imposibilidad de incumplimiento porque ignora la complejidad operativa que obliga a incorporar 42 datos que se exige que den los viajeros y supone una falta de adecuación tecnológica y una carga administrativa desproporcionada, además de una vulneración de la normativa europea y una enorme desventaja competitiva frente a competidores internacionales”, ha asegurado la máxima representante de la institución.
Por todo ello, la dirigente provincial rechaza este nuevo registro de viajeros. Y el Gobierno Provincial instará al ejecutivo central a establecer un canal constructivo con operadores turísticos y profesionales del sector.
Además, la moción exige al Gobierno central que, después de conseguir una solución consensuada y satisfactoria con los operadores afectados, dicte las normas precisas de desarrollo sobre las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas, para facilitar la aplicación de un marco proporcionado y equilibrado de obligaciones, al mismo tiempo que aportando plenas garantías jurídicas a todos los actores de la cadena de valor turístico obligados a su cumplimiento.
